El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, detalló este viernes los fundamentos de la resolución gubernamental para dar por terminado el contrato con el astillero Cardama, argumentando «graves incumplimientos jurídicos» por parte de la empresa a lo largo del tiempo. En declaraciones a Subrayado, Díaz se refirió específicamente a la entrega de una garantía de fiel cumplimiento que resultó ser inválida y a la presentación de documentación falsa, lo que calificó como «una violación flagrante del acuerdo».
El jerarca indicó que no solo se presentó una garantía «de naturaleza falsa», sino que la empresa tampoco cumplió con su obligación de mantenerla vigente. Díaz explicó que se le informó a Cardama sobre la falsedad de la garantía y la decisión de iniciar acciones penales. «En ningún momento hubo una manifestación formal por parte del astillero para sustituir esa garantía», enfatizó. El prosecretario subrayó que Cardama jamás entregó formalmente otra garantía, por lo que «hasta la fecha, el Estado uruguayo carece de una garantía de fiel cumplimiento».
Respecto a la garantía de reembolso financiero, diseñada para asegurar que los fondos estatales se destinarían exclusivamente a la construcción de las dos patrulleras oceánicas, el gobierno constató que la documentación suministrada por Cardama no era una póliza auténtica. Díaz detalló que, al consultar a la aseguradora, esta confirmó la existencia de una póliza, pero el documento presentado por el astillero era diferente y no se ajustaba a las condiciones contractuales. Además, la aseguradora solicitó una contragarantía a Cardama de aproximadamente 3 millones de euros. De la revisión de los documentos, surge que «esos 3 millones de euros fueron abonados con fondos del propio Estado uruguayo», mediante tres pagos de alrededor de 1 millón de euros que coincidieron con el cumplimiento de hitos contractuales. «Parecería que parte del dinero destinado a la construcción de los buques se utilizó para constituir esa contragarantía», agregó Díaz.
El prosecretario reafirmó que el acuerdo con Cardama, un contrato de suministro enmarcado en el TOCAF, se rescinde administrativamente por incumplimiento grave, de acuerdo con el artículo 70. «Por lo tanto, desde la notificación realizada hoy, el contrato ha dejado de existir», sentenció.
En cuanto a la audiencia de conciliación fijada para el 16 de marzo, Díaz aclaró que la citación corresponde al Ministerio de Defensa Nacional y no a Presidencia. Como abogado, consideró que dicha audiencia carecería de objeto, dada la extinción del contrato. «El Estado uruguayo ya ha tomado una decisión», reiteró. Díaz sostuvo que Cardama fue notificado de la resolución y recordó que hubo un proceso administrativo donde se le otorgó vista en dos oportunidades para que respondiera, sin que sus argumentaciones abordaran los puntos señalados.
Consultado sobre las críticas de la oposición, que califican la medida como una «decisión política», Díaz enfatizó que se basa en «argumentos jurídicos y técnicos». «Lo que la oposición plantea es un debate político. Ese debate, como corresponde, se dará en el Parlamento», afirmó. El jerarca presidencial delineó cuatro esferas de responsabilidad: la política, que será abordada en el Parlamento con una posible comisión investigadora; la penal, resorte exclusivo de la Fiscalía tras la denuncia del Poder Ejecutivo; la administrativa, que incluye investigaciones internas (las del Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco República ya concluyeron, mientras la del Ministerio de Defensa Nacional está pendiente); y la civil, que comenzará con una demanda del Estado uruguayo contra Cardama por daños y perjuicios y para recuperar los aproximadamente 28 millones de euros invertidos.
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