El astillero Cardama ha presentado formalmente su objeción a la terminación del contrato por parte del Estado uruguayo. La empresa española remitió un documento el 13 de marzo, impugnando la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el acuerdo.
En el escrito, al que tuvo acceso Subrayado, la firma calificó la actuación estatal como “una incongruencia” y “una improvisación prepotente”, declarando la rescisión contractual como “ilegítima”. El texto acusó al Estado uruguayo de un “proceder abusivo y malintencionado”, y de no haber tenido “interés en escuchar razones de tipo alguno”.
(Cabe destacar que la rescisión del contrato con Cardama no fue apelada y Defensa procederá con un reclamo por daños y perjuicios).
Además, Cardama sostuvo que la intención de Uruguay de solicitar un resarcimiento por el presunto incumplimiento contractual es el “corolario” de una conducta “errática, confusa e incorrecta”, y el resultado de “actitudes tozudas” y un “desprecio por la legalidad”.
En su reclamo, Cardama exigió a Uruguay que tome las medidas necesarias para remover de sus instalaciones las partes ya construidas de las patrulleras oceánicas. La compañía argumentó que estas estructuras “ocupan buena parte” de su astillero.
Esta noticia provocó la reacción del diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, quien publicó en su cuenta de X: “¿Dónde están los soldaditos del (prosecretario) Jorge Díaz cuando los necesitamos? Probablemente se nos venga: 1) arbitraje internacional, 2) indemnización a la empresa, 3) patrulleras que van a costar el doble, 4) el frente marítimo a merced de los narcos y pescadores chinos, quién sabe hasta cuándo. Pensaron en todo, menos en los intereses del país”.
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