Durante la reciente Expo Rural de Melilla, el Dr. Juan Andrés Urgoiti, especialista del Estudio Jurídico Bragard, subrayó la crucial importancia de los Acuerdos Privados de Reorganización (APR) como mecanismo para las empresas agropecuarias que atraviesan dificultades económicas y tensiones en sus balances. Su presentación, titulada “Herramientas legales para afrontar periodos de estrés financiero”, abordó las complejidades del panorama actual.
Urgoiti desglosó un escenario macroeconómico complejo, marcado por tres factores principales. A nivel nacional, la economía exhibe una desaceleración del Producto Interno Bruto (PIB), con proyecciones revisadas a la baja que sugieren una posible recesión técnica para 2025. En el ámbito global, la inestabilidad política y bélica en Medio Oriente ha disparado los precios de insumos vitales como el petróleo y los fertilizantes, vaticinando un período prolongado de altos costos, menor actividad económica y posibles presiones inflacionarias. A estas adversidades se suma el impacto devastador de fenómenos climáticos como la sequía, que ha mermado entre un 40% y un 50% los rendimientos de soja, uno de los principales productos de exportación. Esta merma se traduce en una pérdida estimada de unos 1.500 millones de dólares para el país, afectando no solo a productores, sino a toda la cadena de valor agroindustrial, desde transportistas y contratistas hasta proveedores y comerciantes locales, y con repercusiones en la recaudación fiscal.
Ante este panorama, donde numerosas empresas agropecuarias enfrentan una severa presión en sus flujos de caja, Urgoiti destacó el APR como una solución estratégica. Explicó que un APR es un pacto entre un deudor y sus acreedores que ofrece gran flexibilidad para renegociar las condiciones de pago. Este acuerdo puede incluir reducciones de deuda (quitas), aplazamientos (esperas), nuevos calendarios de vencimiento o la constitución de garantías, entre otras estipulaciones legales. Su naturaleza es eminentemente privada y, crucialmente, actúa como una medida preventiva para evitar un concurso de acreedores o la liquidación judicial de los bienes. El objetivo es proporcionar una vía ordenada, rápida y eficaz para resolver los problemas financieros, salvaguardando la continuidad de la unidad productiva. Una vez que el APR recibe aprobación judicial, el deudor queda protegido de acciones legales por parte de los acreedores, lo que le permite concentrarse plenamente en la gestión y las decisiones operativas del negocio. A diferencia de un proceso concursal, el productor mantiene el control de la administración de su empresa, sin ser sustituido por un síndico o interventor.
El Dr. Urgoiti hizo hincapié en la vital importancia de una detección precoz de la insolvencia y la proactividad en la comunicación con los acreedores. Argumentó que reconocer a tiempo la dificultad financiera no solo incrementa las posibilidades de éxito en la negociación, sino que también ofrece una mayor salvaguarda para los derechos de los acreedores, conduciendo a un desenlace más favorable para todas las partes. Ignorar o postergar esta detección suele llevar a procesos de concurso o liquidación, lo que inevitablemente provoca una mayor depreciación del valor del negocio y, por ende, reduce las expectativas de recuperación de los acreedores. La legislación define el «estado de insolvencia» como la incapacidad actual o inminente de una entidad para cumplir con sus compromisos financieros, utilizando los recursos generados por su actividad, en los términos y plazos acordados originalmente.
En el contexto actual del sector agropecuario, particularmente el agrícola, resulta imperativo revisar las proyecciones de ingresos y gastos. Anticipando menores volúmenes de cosecha y un incremento en los costos operativos, es previsible que la insolvencia inminente se manifieste en pocos meses. Por ello, el Dr. Urgoiti recomendó encarecidamente considerar el inicio de negociaciones con los acreedores para establecer un APR. La acción temprana y el contacto proactivo con los acreedores demuestran un manejo profesional y prudente de la situación, fortaleciendo la confianza y facilitando un acuerdo beneficioso.
Urgoiti mencionó que los APR ya han sido implementados con éxito en diversos subsectores agropecuarios, incluyendo ganadería, agricultura, producción de malta y cebada, y lácteos. En la vasta mayoría de estos casos, la herramienta ha facilitado una resolución ordenada de las crisis financieras. Para concluir, el Dr. Urgoiti, quien es abogado con un posgrado en finanzas, expresó el honor que representó para él y para su firma Bragard participar en el ciclo de conferencias de la ARU en la Expo Rural de Melilla 2026. Subrayó la satisfacción de observar la capacidad de innovación y el dinamismo del sector agropecuario uruguayo, extendiendo su gratitud a la Asociación Rural del Uruguay por la invitación.
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