El legislador del Partido Colorado, Felipe Schipani, sostuvo que el vehículo utilitario cedido durante la campaña proselitista no estuvo dirigido personalmente a Orsi, sino a la coalición Frente Amplio, y planteó interrogantes sobre el proceso de su incorporación al acervo patrimonial del mandatario.
Dicha camioneta, otorgada en calidad de donación, fue empleada por Orsi como componente de la transacción para adquirir su nuevo rodado, lo cual ocurrió escasos días antes de iniciar su período presidencial y con un descuento de veinticinco mil dólares.
Sin embargo, esta circunstancia no fue revelada por el presidente en el material audiovisual que difundió el pasado lunes por la tarde, en el cual sí detalló que, para costear parcialmente su nueva adquisición, entregó al concesionario el vehículo que poseía desde 2020.
Schipani exigió este martes que el presidente Orsi proporcione todos los detalles precisos concernientes a la adquisición y el método de pago de su flamante camioneta, anunciando además que presentará una solicitud de información a la Corte Electoral.
El legislador argumenta que, conforme a la rendición de cuentas sobre ingresos y egresos de la campaña electoral que el Frente Amplio elevó a la Corte Electoral, el vehículo en cuestión fue registrado como aportación a la coalición, y no directamente al presidente.
En la declaración jurada de bienes del presidente Orsi, la camioneta adquirida previo a su investidura figura con un valor de mercado estimado en setenta y nueve mil dólares, si bien la factura de compra aportada asciende a cincuenta y cuatro mil dólares.
La diferencia de veinticinco mil dólares en el precio y la utilización del rodado cedido para la campaña como método de pago parcial son los puntos que han generado cuestionamientos y críticas por parte de la bancada opositora.
Por este motivo, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) ha recibido múltiples denuncias anónimas que solicitan su pronunciamiento acerca de la conducta del actual gobernante en relación con estos hechos.
Orsi, por su parte, manifestó el lunes que, si alguna entidad de control dictamina que fue incorrecto aceptar la rebaja, asumirá el costo de la diferencia.
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