TÍTULO: Alfredo Asti, vicepresidente de Jutep, defendió la resolución sobre Arbeleche y sostuvo que debió abstenerse
CUERPO:
Este viernes, Alfredo Asti, vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), se pronunció sobre el expediente de la exministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. El dictamen, aprobado por dos votos a uno, concluyó que Arbeleche «infringió normas de conducta en la función pública» al otorgar beneficios fiscales a una empresa gestionada por su esposo.
Asti explicó que la denuncia de 2023 no fue resuelta por el directorio previo. Subrayó que la asesoría jurídica de la Jutep condujo el proceso debido y en marzo de 2025 determinó que la exministra había violado artículos del Código de Ética.
El informe legal se hizo público bajo el nuevo gobierno, aunque el directorio de la Jutep mantenía la composición anterior. Tras el inicio de la renovación de autoridades en junio de 2025, se solicitó a la misma asesoría jurídica, que ha permanecido inalterada, la resolución definitiva en diciembre pasado. Asti afirmó que los asesores jurídicos desestimaron los argumentos de Arbeleche respecto al cumplimiento del Código de Ética.
A solicitud del opositor Luis Calabria, miembro del directorio de la Jutep, el análisis del informe jurídico se aplazó hasta febrero. Posteriormente, la mayoría letrada resolvió emitir un dictamen respaldado por el informe de los asesores de la junta.
En su voto, Asti fundamentó que existía un «apartamiento a la norma de derecho». Según el vicepresidente de la Jutep, el informe exige que Arbeleche debió comunicar la situación al presidente (su jerarca) y abstenerse de la decisión, dejando que el subsecretario resolviera y firmara, «algo que desconocemos por qué no hizo».
Arbeleche se defendió alegando que, ante un fallo aprobatorio de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), no podía negarse a firmar la resolución. Asti, sin embargo, citó precedentes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que dictaminan la naturaleza meramente asesora y no vinculante de la Comap, con la decisión final recayendo en el Poder Ejecutivo. Por tanto, «la ministra tomó la decisión final cuando, según el Código de Ética, no debió hacerlo», sostuvo.
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