Representantes del sector agropecuario evaluaron el complejo escenario actual, marcado por la escasez hídrica y las fluctuaciones del tipo de cambio, a la vez que se consideró la declaración de emergencia emitida por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). La Asociación Rural del Uruguay (ARU) manifestó su inquietud ante la coyuntura.
Durante su intervención en la Expo Durazno, Rafael Ferber, titular de la ARU, describió la difícil realidad que enfrentan los productores. Subrayó que la actual deficiencia hídrica ha creado una «situación de alerta significativa» en el ámbito agrícola, que demanda atención inmediata. Ferber indicó que las asociaciones gremiales están en diálogo con los Ministerios de Ganadería y de Economía para buscar soluciones financieras que aseguren la continuidad de la cadena de pagos del sector y permitan llevar a cabo la siembra de invierno, salvaguardando así el sustento de numerosos compatriotas.
Adicionalmente, el presidente de la ARU estimó que las pérdidas para los productores, solo en cultivos de soja, podrían ascender a aproximadamente 800 millones de dólares en comparación con el año precedente. También hizo hincapié en el impacto del tipo de cambio, señalando que en enero de 2026 se requirió un 30% más de dólares que en enero de 2025 para cubrir los mismos gastos operativos.
Por su parte, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) oficializó este martes la declaración de emergencia agropecuaria por déficit hídrico, con una duración de 90 días. Esta medida abarca las actividades de ganadería, lechería, agricultura y granja en los departamentos de Canelones, Maldonado, Montevideo, y en secciones específicas de Florida, Lavalleja, Rocha, San José, Treinta y Tres, Durazno y Flores. El ministro Alfredo Fratti admitió la posibilidad de que otras áreas o departamentos también presenten dificultades.
En relación con los productores no incluidos en la declaración de emergencia, se planteó al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, la alternativa de instrumentar garantías mediante el Sistema de Garantías para Inversiones (SIGA). El objetivo es facilitar que quienes sufrieron pérdidas totales puedan reanudar sus cultivos, o bien, que se les permita emplear certificados de descuento de BPS y DGI para costear combustibles o saldar obligaciones bancarias.
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