Los delitos de abigeato, una de las principales inquietudes para los productores en las zonas rurales de Uruguay, registraron un notorio aumento durante 2025, con un salto de 867 a 970 denuncias. Esta escalada del crimen rural, que supone un incremento del 12%, ha generado profundo malestar en el sector, cuyos representantes lamentan lo que describen como un «aflojamiento» en la eficacia de la gestión policial en el ámbito rural.
Según un informe preliminar del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior, difundido a fines de enero, el número de casos de abigeato denunciados en 2025 ascendió a 970, frente a los 867 del año anterior, lo que representa un crecimiento cercano al 12%. Complementariamente, la tasa de denuncias de este tipo de delito por cada 100.000 habitantes en el país experimentó un incremento, pasando del 24,2% en 2024 al 27% en 2025.
Rafael Normey, presidente de la Federación Rural (FR), expresó su preocupación, aludiendo a la memoria de un período en que el abigeato mostró un descenso notable. Según Normey, este retroceso se produjo durante la administración gubernamental anterior, cuando la creación de la Dirección Nacional de Seguridad Rural, bajo la dirección del exministro Jorge Larrañaga, y la activa participación de las comisiones departamentales generaron «buenos frutos» y una «baja sustancial» en los casos.
Sin embargo, Normey añadió que, «para ser justos», se observó una «especie de bajar la guardia» o un «aflojamiento» hacia el final del período anterior. Esta tendencia se acentuó en 2024, año en el que, según él, las reuniones de la comisión nacional fueron prácticamente nulas, reanudándose en 2025 a instancias de la propia Federación Rural. El titular de la FR planteó como hipótesis que la compleja situación de seguridad general del país podría haber absorbido los recursos y la atención, generando una «desatención» en el ámbito rural.
En el ámbito de la seguridad rural, Normey subrayó la importancia de «no inventar mucho», sino de mantener una «buena presencia» policial y una estrecha vinculación con las comunidades locales, elementos donde, a su juicio, se produjo el «aflojamiento». El año pasado, lamentó, se caracterizó por una preocupante serie de incidentes graves, incluyendo «copamientos» violentos, sustracción de animales y maquinaria, y agresiones a productores, incluso con armas de fuego. Calificó el 2025 como «no un buen año» en materia de seguridad para el campo. Si bien reconoció la labor de algunas comisiones departamentales, el presidente de la FR insistió en la necesidad imperiosa de «más presencia policial» y un «trabajo interinstitucional importante». Abogó por la colaboración de las intendencias para detectar la venta ilegal de carne, así como la intervención de Bromatología y el Instituto Nacional de Carnes (INAC), destacando que la lucha contra el abigeato debe ser integral, «desde el potrero a la carnicería ilegal».
Con la convicción de que «no estamos en el buen camino», Normey manifestó que 2026 debe ser un año de «reforzamiento» de las acciones. Mencionó la coordinación constante con los intendentes y el trabajo de los delegados de la FR en comisiones nacionales y departamentales. Advirtió que la Federación se encuentra en un estado de «monitoreo inquieto» y que, si la situación no mejora, podrían considerar «otras decisiones». El presidente de la FR hizo un llamado a los damnificados para que presenten denuncias, a pesar del «descreimiento» y la percepción de futilidad, argumentando que «la sola existencia de la denuncia ayuda mucho». Expresó su certeza de que el impacto real es «peor» que lo que reflejan las estadísticas debido a la subdenuncia. Para finalizar, contextualizó la inseguridad rural dentro de un problema nacional, pero enfatizó el particular «cansancio y temor» de los productores, quienes enfrentan no solo el robo de ganado, sino «copamientos» y agresiones con armas, generando «sensaciones mucho peores» que un simple hurto.
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