Tras un exhaustivo análisis con actores clave del sector agropecuario, se identificaron dos grandes temas centrales que han dominado la agenda durante el primer año de gestión del gobierno de Yamandú Orsi, un periodo caracterizado por una notable intensidad en la actividad rural.
Uno de los sucesos más comentados fue la adquisición de la estancia María Dolores por el Instituto Nacional de Colonización (INC) en julio, una transacción que superó las 4.000 hectáreas por US$ 32,5 millones. Más allá del debate político sobre la justificación de esta inversión, una visita al predio a fines de la primavera reveló avances en uno de los tres propósitos declarados: un banco de forraje de maíz bajo riego para 400 productores lecheros de la región. Sin embargo, no se encontraron indicios de colonos asentados ni de ganado en el área destinada a recría.
Paralelamente, la preocupación por la cotización del dólar se mantuvo como una constante para los exportadores agropecuarios. La divisa, estabilizada por debajo de los $40, generó un descontento significativo en el campo. Si bien esta inquietud ya existía, se intensificó notablemente durante el periodo analizado.
Además de estos dos focos principales, otros asuntos también tuvieron un impacto considerable en chacras y corrales: la escasez de agua, particularmente severa desde principios de verano, llevó a la declaración de una emergencia agropecuaria parcial. No obstante, críticos argumentaron que la medida fue tardía, implementada hacia fines de febrero, cuando el daño ya era considerable, y que varias zonas afectadas quedaron injustamente excluidas. El gobierno, por su parte, resaltó la implementación de medidas de apoyo desde enero. Las exportaciones también enfrentaron obstáculos sanitarios, incluyendo la devolución por parte de China de partidas de carne con residuos de garrapaticidas (responsabilidad atribuida al sector privado) y la reciente aparición de brotes de gripe aviar en aves silvestres, lo que derivó en una emergencia sanitaria a nivel nacional (en este caso, un fenómeno natural).
Se observó una marcada disparidad de precios: mientras el ganado de reposición, el gordo para faena y las carnes exportadas mantuvieron excelentes cotizaciones, los precios de los granos, en particular la soja y el arroz, experimentaron una significativa caída, llegando a niveles muy bajos. Las organizaciones agropecuarias alertaron sobre un deterioro de la seguridad en el ámbito rural. Señalaron la persistencia de ataques de perros a ovinos, un aumento en los casos de abigeato (basado en estadísticas oficiales) y, de forma más preocupante, un incremento en los asaltos a viviendas de productores en sus establecimientos.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) destacó diversas iniciativas clave implementadas, como la Estrategia Nacional para el Control de la Garrapata, la Estrategia Nacional de Riego, el Programa Procría y una estrecha colaboración con la Cancillería para expandir y optimizar el acceso a mercados internacionales. Asimismo, resaltaron su compromiso con el diálogo con las organizaciones de productores.
Si bien los productores reconocieron la validez de algunas de las acciones gubernamentales, también manifestaron que perciben más «buenas intenciones» que resultados concretos. Entre sus demandas pendientes, mencionaron un precio del gasoil que no ha disminuido lo suficiente y sigue siendo el más elevado de la región, además de las complicaciones logísticas para el transporte de la producción en diversas áreas del país. La propuesta de construir la represa de Casupá también generó debate, con el colectivo Un Solo Uruguay proponiendo una alternativa: abastecer Paso Severino con agua proveniente de Rincón del Bonete, en contraste con la postura gubernamental y las objeciones de algunos productores.
Un punto positivo fue el progreso hacia la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, un avance que, aunque aún lejos de su concreción plena, fue bien recibido por distintos actores del sector. En contraste, las relaciones laborales se vieron afectadas por constantes fricciones entre empresas y sindicatos, particularmente en la industria láctea. La decisión de Conaprole de clausurar su planta en Rivera provocó fuertes reacciones de los trabajadores, generando repercusiones significativas para productores, distribuidores y consumidores.
El primer año de la administración actual también arrojó datos económicos alentadores, destacándose un récord en los ingresos por exportaciones de carne y productos lácteos. Según cifras de Uruguay XXI a fines de 2025, el sector ganadero contribuyó con un 34% de los US$ 13.500 millones totales en exportaciones de bienes, seguido por el sector forestal (20%) y el agrícola (19%).
Más allá de las controversias sobre inversiones específicas, la política cambiaria y los desafíos mencionados, el primer año de gobierno confirma el rol irrefutable del sector agropecuario como pilar fundamental de la economía nacional. Esta realidad persistirá, a menos que surjan cambios estructurales profundos o eventos imprevistos que alteren su dinamismo.
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