El incremento del 14% en el precio del gasoil, que entró en vigor este viernes 1 de mayo de 2026, ha provocado un profundo descontento en el ámbito productivo de Uruguay. Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), lo describió como “un palazo a la producción”, mientras que Rafael Normey, al frente de la Federación Rural (FR), aludió a la medida como “un baldazo de agua fría”.
La Federación Rural sostuvo que los $8.2 adicionales por cada litro de gasoil se deben a ineficiencias inherentes al sistema de combustibles del país. Ante esta situación, la gremial hizo un llamado urgente al gobierno para que implemente acciones inmediatas que permitan reducir este costo. En un comunicado difundido por Normey en la plataforma X, se enfatizó que esos «$8.2 pesos por litro» recaen sobre los productores y que «se pueden y deben bajar». La FR concluyó su planteo solicitando el avance hacia una «agenda pro competitividad y crecimiento» y la optimización de toda la cadena de combustibles.
Según la Federación, las cadenas agroindustriales son responsables de aproximadamente el 40% del consumo actual de gasoil, lo que significa que el impacto de esta subida afecta directamente tanto a la producción como al transporte. El comunicado señaló que el sobrecosto acumulado relacionado con los combustibles ascendió a US$ 185 millones en el último año. De esta cifra, US$ 100 millones corresponderían al incremento en el costo del combustible propiamente dicho, y US$ 80 millones al subsidio destinado al boleto urbano. Esta brecha, argumentaron, desalienta la inversión y menoscaba la capacidad productiva nacional.
Para contrarrestar esta situación, la Federación Rural propuso una serie de medidas: eliminar los subsidios cruzados y transparentarlos en el presupuesto nacional; modificar el sistema de distribución para lograr una reducción de aproximadamente $4 por litro; fortalecer la autonomía de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA); redefinir el papel de ANCAP; y fomentar una mayor competencia en el mercado. La gremial finalizó su exposición con una advertencia contundente: cada litro más caro repercutirá en «menos producción, menos empleo, más inflación y menos futuro para el Uruguay productivo».
Por su parte, el presidente de la ARU, Rafael Ferber, si bien manifestó comprender los motivos de la subida, subrayó que el sector atraviesa un momento sensible debido a la producción de verano. En este contexto, solicitó algún tipo de beneficio para el sector. «Es muy difícil no verlo como un palazo importante a la producción, porque el costo queda igual», explicó Ferber. «Entonces tenemos que remar una situación que ya viene complicada y que tendremos que empezar a buscar, creo que ahí el gobierno puede dar señales, de por algún otro lado dar algún tipo de beneficio, que no sea subsidio, pero sí beneficios para que después haya producto para generar movimiento en la cadena económica». Ferber también sugirió que era un «buen momento» para desvincular el subsidio al boleto y al supergás del precio del gasoil. «Esta suba acumulada del 21% realmente es muy dura de manejar internamente por cada uno», remarcó, refiriéndose al impacto total de las alzas recientes.
El transporte profesional de carga terrestre también manifestó su preocupación. Ignacio Asumendi, presidente de la Cámara Uruguaya del Transporte de Carga Terrestre (ITPC), afirmó que el aumento del combustible tendrá un impacto negativo directo y deberá ser trasladado a las tarifas de sus clientes. «El combustible representa entre un 25% y 40% de lo que es la estructura de costo de una empresa de transporte, no hay manera de diluir que esto pueda pasarse a tarifas», concluyó Asumendi.
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