Desde Gaetán, el movimiento Un Solo Uruguay (USU) expresó su profunda preocupación por lo que describió como el «apagón» del país, presentando un conjunto de demandas dirigidas al Estado. La organización enfatizó que su reclamo principal no es la desaparición de las instituciones estatales, sino una gestión más eficaz y productiva.
Este evento marcó la más reciente edición del «23E» anual de USU, una tradición que el colectivo celebra cada 23 de enero desde su primera manifestación en 2018 en Santa Bernardina, Durazno.
La proclama de este año, leída por la maestra Noelia Espinosa Zabaleta, docente en Casupá, abogó por un Estado que se concentre en sus responsabilidades esenciales, absteniéndose de intervenir en asuntos que no le corresponden y que, a su juicio, obstaculizan la producción y la vida cotidiana de los uruguayos.
**El rol del Estado, la carga fiscal y la inseguridad**
Entre las funciones básicas que USU considera «claramente incumplidas» hoy, se encuentra la garantía de la seguridad ciudadana. La organización señaló que, mientras la delincuencia opera impunemente en zonas rurales y urbanas, los ciudadanos que cumplen la ley se ven acosados por tributos, multas y el temor.
La elección de Gaetán, un pequeño poblado de Lavalleja cercano al futuro emplazamiento de la represa de Casupá, buscó visibilizar la situación de aproximadamente 80 familias, incluyendo numerosos productores y trabajadores rurales, afectadas por este proyecto gubernamental diseñado para aumentar las reservas hídricas del área metropolitana. En este sentido, USU manifestó su solidaridad con estas familias, cuyas formas de vida se ven amenazadas por «decisiones políticas que no consideran la realidad del territorio». El documento de 2026 de USU criticó la idea de construir futuro «castigando a quienes viven y trabajan en el campo», y la pretensión de solucionar el problema del agua con «medidas injustas, improvisadas y alejadas de soluciones serias y sostenibles».
**Deterioro de la competitividad y la presión de costos**
Otro punto central de la denuncia fue la «pérdida sistemática de competitividad». Se afirmó que Uruguay mantiene un alto costo para invertir y vivir, con tarifas que, en lugar de reflejar eficiencia, responden a las necesidades financieras del Estado. Producir en Uruguay, sostienen, es más caro que en naciones vecinas, lo que genera una desventaja en los mercados internacionales.
Asimismo, el movimiento destacó que los costos energéticos impactan tanto en los presupuestos familiares como en el precio de los bienes de consumo, elevando el costo de vida y empujando a más ciudadanos a la pobreza. Se subrayó que la disparidad entre los costos internos y el valor de la producción uruguaya a nivel global está «asfixiando» la rentabilidad de las exportaciones y del comercio local.
USU sostuvo que el país opera en una «economía indexada», donde los precios suben al ritmo de la estructura estatal, dejando a productores, comerciantes y exportadores atrapados entre precios internacionales incontrolables y costos internos en constante ascenso.
Respecto al déficit fiscal, la organización argumentó que no se combate con mayor presión tributaria sobre el sector privado, sino con eficiencia. Propuso una reforma estructural profunda que reduzca el costo de la política y la administración pública, señalando que trámites superfluos, permisos irracionales y regulaciones obsoletas actúan como «impuestos invisibles» que consumen el tiempo del trabajador y frenan la innovación del emprendedor.
**Los conflictos laborales y la lección de la pesca**
USU también se refirió a las graves consecuencias de «conflictos mal encauzados y posturas inflexibles», que han provocado situaciones como el descarte de leche, la detención de faenas, la paralización de puertos y la desconexión del país. El resultado, afirmaron, es la pérdida de empresas, empleos y un Uruguay «rehén de enfrentamientos que no conducen a soluciones».
En contraste, el movimiento puso como ejemplo al sector pesquero, que, tras una profunda crisis, logró recuperarse mediante el diálogo, la responsabilidad y la voluntad de colaboración entre trabajadores, empleadores y la sociedad. USU sugirió que este «ejemplo histórico» debe ser el camino a seguir por otros sectores productivos para garantizar su supervivencia: «hacer, y hacerlo juntos».
**La extinción del futuro y la crisis educativa**
La proclama ahondó en la idea de que «Uruguay se está apagando» debido a la falta de condiciones para que los jóvenes permanezcan en sus comunidades o incluso en el país. La emigración de inmigrantes que habían elegido Uruguay es vista como una «señal grave» que no puede ignorarse. En este panorama de deterioro futuro, USU identificó a la educación como una preocupación central.
Se enfatizó que «no hay desarrollo posible si nuestros jóvenes abandonan el sistema educativo», ni igualdad de oportunidades sin educación de calidad, ni seguridad duradera si generaciones enteras crecen sin herramientas para integrarse al mercado laboral y a la sociedad. La educación, según USU, es la política social, de seguridad y productiva más importante para una nación.
Se añadió que cada joven que se queda sin educación representa un «fracaso colectivo» y una oportunidad perdida para el Uruguay venidero, y que defender la educación no es una postura ideológica, sino una «responsabilidad nacional» con las próximas generaciones y el conjunto del país.
En este contexto, USU subrayó la necesidad de infraestructuras como rutas, puentes y conectividad digital que realmente integren al «interior profundo» con los centros de consumo y salida al mundo. También demandó que el presupuesto se traduzca en servicios de salud y educación de calidad en todo el territorio, y no solo en la capital.
Finalmente, USU reafirmó que no busca «privilegios», sino «reglas de juego claras» que eviten cambios impositivos o laborales a mitad de camino, ya que la inversión requiere previsibilidad a largo plazo. La «seguridad jurídica y física» es fundamental, pues «sin ella, no hay inversión posible», concluyeron.
**Mensaje a legisladores y jerarcas**
El movimiento anunció su intención de proponer un «compromiso nacional» para reducir de manera estructural el «costo país». Considera que no es una cuestión partidaria, sino de «supervivencia nacional», y que el esfuerzo de sostener el país debe distribuirse equitativamente. Exigieron que el sector público se ajuste con la misma rigurosidad que el sector privado. Por ello, USU interpelará a «cada legislador, a cada representante del pueblo y a cada ministro» sobre sus acciones para aliviar la carga sobre el Uruguay trabajador, y hará públicas «sus respuestas o sus silencios».
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