La bancada de oposición en la Cámara de Diputados obtuvo el respaldo necesario para establecer una comisión investigadora sobre el denominado caso Cardama. Por su parte, el Frente Amplio (FA) anunció que presentará una iniciativa similar en el Senado.
Desde el Partido Nacional, el senador Sebastián Da Silva criticó duramente la gestión del caso Cardama, solicitando la renuncia de la ministra de Defensa, Sandra Lazo. Da Silva calificó la situación como «una puesta en escena» que, según su estimación, «costará a los ciudadanos entre 100 y 200 millones» de dólares. El legislador consideró «absurdos» los argumentos expuestos, cuestionando que Lazo se «muestre dando cátedra de barcos de guerra» mientras se autorizaban pagos de «más de 20 millones de dólares». Asimismo, desestimó las justificaciones de Jorge Díaz, señalando que «todo es una bobada».
En contraste, el senador frenteamplista Sebastián Sabini desestimó que el Estado uruguayo corra riesgo de perder un litigio con Cardama. Sabini responsabilizó a la oposición por los términos del contrato inicial y manifestó que la bancada del FA «no fue consultada» sobre la formación de la comisión investigadora en Diputados. El legislador del FA argumentó que el expediente «estuvo paralizado durante once meses» y que la premura por actuar surgió en octubre, «cuando anticiparon la derrota electoral», emitiendo la orden en febrero, «a las puertas de la entrega del gobierno». Para Sabini, los pagos realizados constituyen una «prueba de buena fe» del gobierno. Además, afirmó que los hitos contractuales no se cumplieron porque el acuerdo era «irrealizable», producto de intentos de «ahorrar en algo que no se puede ahorrar». Mencionó la imposibilidad de que «ningún astillero en el mundo» construya dos OPV por 90 millones de dólares. Sabini concluyó que «hubo errores y faltas graves con posibles consecuencias jurídicas», demandando explicaciones sobre la elección de lo que el gobierno actual considera «la peor oferta».
Fuente: Enlace Original
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